En la tarde del jueves, el juez letrado de Ciudad de la Costa Bernardo Bueno negó a la defensa de Romina Celeste Papasso la posibilidad de realizar una pericia psiquiátrica, como lo había solicitado, e instó en carácter urgente al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a que se de cumplimiento de la prisión preventiva resuelta por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de segundo turno el pasado martes.
En el escrito, el magistrado dejó claro que Papasso debía ser retirada del centro especializado Villa Carmen, al que había sido trasladada desde la mutualista Asociación Española luego de experimentar una presunta crisis psicológica y un también presunto intento de suicidio.
Tal como informáramos oportunamente, la hasta hace unos días integrante del Partido Nacional fue imputada por asociación para delinquir, calumnia y difamación. Las imputaciones surgieron luego de que se difundieran grabaciones de Papasso que ponían en evidencia la falsedad de la denuncia radicada por la trabajadora sexual trans Paula Díaz contra el precandidato Yamandú Orsi.
En los registros telefónicos se aprecia cómo Díaz y Papasso se ponen de acuerdo en las acciones a seguir contra Orsi, y cómo la segunda instruye a la primera acerca de cómo engañar y manipular a la Justicia.
Así las cosas, la prisión preventiva (hasta el juicio) que antes era de noventa días en domicilio deberá cumplirse en presidio.
En cuanto al lugar de reclusión, primero recalará en el Centro de Diagnóstico y Derivación de personas imputadas que funciona en la cárcel de Punta de Rieles. Allí los técnicos evalúan diversos factores, como las condiciones de seguridad que requiere la persona y sus posibilidades de llevar adelante tareas.
En el caso de Papasso, al tratarse de una mujer trans, se suma una evaluación de género en la que se tiene en cuenta cómo se autopercibe la persona para decidir el lugar al que se la enviará.
Sobre esos elementos se elabora un informe que luego es remitido a la Junta de Traslados, presidida por el director del INR, Luis Mendoza. Será él quien decida en última instancia el paradero de Papasso durante los próximos tres meses.