El Frente Amplio rechaza el Plan Comercial de Antel, que cede su fibra óptica a privados, también se expresó en sintonía Carolina Cosse.
El Frente Amplio difundió un comunicado solicitando frenar la concesión de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) hacia empresas privadas. La polémica refiere a que el organismo estatal aprobó un plan de negocios para concesionar la fibra óptica, propiedad estatal, hacia las cableoperadoras de gestión privada. La carta alude a que se «generará un perjuicio” y una perdida de patrimonio” de la empresa pública y una forma de ceder ventajas competitivas. Este comunicado fue acompañado con críticas de la candidata a vicepresidenta Carolina Cosse.
La mesa política frenteamplista manifestó su rechazo al plan de negocios que firmó el Directorio de Antel, que abre la posibilidad que grandes clientes puedan ofrecer internet doméstico por su cuenta.
Sin más, Carolina Cosse calificó este plan como insólito, expresando que “los privados, sin haber invertido un peso, van a usarle la infraestructura de Antel para competirle”. Pero esto no quedó aquí, sino que la candidata a vicepresidenta calificó en la red social X a esta acción “como que la Coca Cola decida que Pepsi puede usar sus botellas, cajones y camiones para distribuir su producto”.
El Plan Comercial tiene como punto clave una Tarifa Mayorista, que las grandes clientes les pagaran a Antel por cederles la infraestructura de fibra óptica, perteneciente a la empresa nacional. Esto surge en un contexto que cada vez más compañías están obteniendo licencias para ofrecer internet de banda ancha, según el Ministerio de Minería.
El partido progresista sostiene que se pierde la esencia de una empresa pública, la cual es cumplir con una demanda social cada vez más importante como es la conectividad. De ahora se viraron a una lógica basada en el lucro por encima del beneficio de la sociedad. El comunicado concluye que no solo existe una delegación de responsabilidades por parte del estado, sino una perdida de dinero. Se estima que “esto significa una renuncia de ingresos al Estado de 60 millones de dólares anuales”.
Daniel Larrosa, quien se desempeña en la empresa estatal representando al Frente Amplio, también mostró su descontento. El dirigente aludió que esta medida administrativa a favor del empresariado privado no fue considerada en la Ley urgente de Consideración ni fue incluido en la última Ley de Medios, por lo que lo valora como una medida unilateral.
