En marzo de 2020, con los primeros casos de coronavirus en Uruguay, la pandemia llegaba al territorio nacional causando un revuelo nunca visto en todos los rubros de la economía y en el diario vivir de las personas.
Esta situación no dejaba por fuera a las discotecas, que veían su actividad afectada de primera mano ante la imposibilidad del contacto social. Entre los afectados, el conocido boliche Monroe, ubicado en Constituyente entre Emilio Frugoni y Yaro, no pudo seguir afrontando el alquiler.
Los propietarios del negocio eran buenos pagadores y desde 2014 no se habían atrasado con el arrendamiento. En abril de 2020, desde Monroe —cuya razón social es Poleros S. A.— se solicitó hablar con los propietarios del local para lograr la suspensión del pago del alquiler durante la emergencia sanitaria.
En la reunión, los dueños decidieron esperar a ver cómo se desarrollaban los hechos, pero en julio de 2020 realizaron una intimación para lograr el desalojo por el impago del alquiler.
Ante esto, los propietarios de Monroe decidieron elevar el caso a la Justicia y realizar una demanda con el fin de esclarecer la situación. En la sentencia,
se brindan argumentos de que durante la emergencia sanitaria se recomendaba que las partes llegaran a un acuerdo para saber cómo seguir adelante.
La Justicia especificó que “no se puede trasladar toda la suerte del negocio o la situación negativa comercial a una sola de las partes”. “Se debió probar la imposibilidad del uso del local por pandemia por haber agotado todos los medios posibles para su uso o para uno de los fines para lo cual se celebró el contrato y que sería lógico como medio de tener algún ingreso en época de crisis y para la subsistencia”, indica la jueza Rita Auliso.
La magistrada sostuvo que las autoridades nacionales dieron permiso, de forma paulatina, para colocar mesas para el uso del público con el cuidado y cierta distancia. “No surge probado fehacientemente la imposibilidad del uso del local o que no se pudo trabajar como discoteca o resto-pub”, agrega la jueza.
Sin embargo, también expresó que el contrato de alquiler tenía como finalidad una discoteca y tenía un destino aún más amplio que un resto pub. A su vez, existieron razones de fuerza mayor ante el decreto del Poder Ejecutivo que implicó algunas restricciones.
Las fuerzas mayores, en este caso, afectan “a la cosa misma” y a las obligaciones del inquilino, según el documento. “No destruye la cosa, pero impide su uso y goce de la cosa o el hacer efectivo del destino para el que fue arrendada”, indica Auliso.
De esta manera, la jueza dio lugar parcialmente a la demanda y falló a favor de los propietarios de la discoteca. Auliso concluyó: “Declárase el cese del pago de los arrendamientos por fuerza mayor o causa extraña no imputable irresistible e imprevisible por pandemia de coronavirus por los meses marzo, abril y mayo de 2020”.
Siguen con problemas
Uno de los propietarios de Monroe, explicó que si bien “la gente ya pasó de página”, el sector “sigue con problemas ocasionados por la emergencia sanitaria”.
“Nuestra actividad bailable estuvo 18 meses cerrada”, agregó el dueño de la discoteca, y, sobre el resultado de la demanda, consideró que “está conforme con sustancia pero no con la extensión”. “La prohibición de la actividad fue de 18 meses, no de tres”, agregó.
Por otro lado, la sentencia de primera instancia emitida por la Justicia es histórica porque, hasta el momento, en Uruguay no hay otro caso similar.
